Raquel Sánchez, ERC y Rodalies

El debate sobre el servicio de Rodalies en Cataluña lleva años arrastrando retrasos, incidencias y una sensación creciente de abandono, motivando así un cansancio por parte de la ciudadanía. Cada avería, cada corte de línea y cada jornada de caos vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién es responsable y por qué no se pone remedio de una vez?

En este contexto, el paso de Raquel Sánchez Jiménez por el Ministerio de Transportes ha sido objeto de duras críticas por parte de usuarios, administraciones locales y entidades que desde hace tiempo reclaman un cambio profundo. Sí, aunque no lo recuerden, Sánchez Jiménez, hoy bien acomodada en uno de los altos cargos del Estado mejor pagados y agradecidos, la presidencia de Paradores, fue ministra durante un tiempo, aunque su paso no haya dejado ninguna huella.

Resulta especialmente chocante que la exministra Sánchez, exalcaldesa de Gavà, un municipio fuertemente dependiente de Rodalies, no mostrara una sensibilidad especial hacia esta red una vez instalada en Madrid. Lejos de impulsar un giro en la gestión o de acelerar inversiones estructurales visibles para los usuarios, su mandato estuvo marcado por la continuidad de un modelo que muchos consideran agotado. Durante meses, las incidencias se acumularon sin que se percibiera una respuesta política a la altura del malestar ciudadano.

Uno de los episodios más significativos de la dirigente socialista fue el rechazo inicial al traspaso integral de Rodalies a la Generalitat. Aunque el debate competencial dura desde hace décadas, aquel “no” de entrada fue interpretado como una negativa a explorar alternativas a un sistema que, sobre el papel, depende del Estado pero que afecta diariamente a cientos de miles de catalanes. Posteriormente, el discurso se matizó, pero la sensación de falta de voluntad política ya se había consolidado.

Mientras tanto, el deterioro del servicio ha ido alimentando una percepción de colapso recurrente. Días enteros con líneas prácticamente inoperativas, retrasos generalizados y una información a menudo insuficiente para los pasajeros han contribuido a una imagen de red impropia de un país que aspira a tener un transporte público competitivo. Más allá de las cifras de inversión anunciadas, lo que cuenta para el usuario es si el tren llega a la hora.

En este escenario, el papel de ERC también genera controversia. El partido sostiene parlamentariamente tanto al gobierno español de Pedro Sánchez como al gobierno catalán de Salvador Illa, pero al mismo tiempo critica, con un tono a menudo contenido, la situación de Rodalies. Esta doble posición lo sitúa en una zona incómoda: corresponsable de la estabilidad política mientras denuncia un servicio que muchos consideran en estado crítico.

La demanda de un traspaso efectivo y de una gestión más cercana al territorio contrasta con la prudencia estratégica del partido, que evita rupturas que podrían poner en riesgo sus alianzas. El resultado es un discurso que condena las deficiencias, pero que, a ojos de muchos usuarios, no acaba de traducirse en cambios tangibles ni en una presión decisiva sobre Madrid, fruto de la presión de Gabriel Rufián para mantener a ERC sometida al PSOE.

Rodalies se ha convertido así en símbolo de un problema más profundo: la distancia entre las responsabilidades políticas y la experiencia cotidiana de la ciudadanía amenaza de nuevo con reabrir un debate independentista en el que algunos, como ERC, quedarán muy diluidos. Sin decisiones valientes y una coordinación real entre administraciones, el riesgo es que el debate continúe eternamente mientras los trenes siguen llegando tarde y la gente explota.