El Gobierno confirma un cambio en los supermercados de España en meses y no gustará

Supermercados de España ya tiemblan. El Gobierno español está trabajando en la implementación de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno. Se conoce como SDDR y sirve para envases, con el objetivo de hacerlo operativo en 2026.

Este modelo ya funciona en países como Alemania. Busca que los ciudadanos devuelvan envases a cambio de un reembolso monetario, incentivando el reciclaje y reduciendo el abandono de residuos. Sin embargo, la propuesta está generando debates sobre su efectividad, impacto económico y viabilidad real.

¿Es el SDDR la solución ideal para España?

El SDDR no es un concepto nuevo, pero su implementación en España plantea desafíos significativos. Este sistema requeriría la instalación de infraestructuras específicas en supermercados. Se trata de algunos como máquinas de recogida, y adaptaciones logísticas en la cadena de distribución. Aunque algunos países europeos han demostrado su eficacia, las condiciones de consumo y reciclaje en España podrían complicar su adopción.

Actualmente, España ya cuenta con un sistema de reciclaje basado en contenedores selectivos, con resultados irregulares pero en crecimiento. Implementar el SDDR podría suponer un coste elevado, tanto para los ciudadanos como para las empresas, y podría generar duplicidades en la gestión de residuos.

El papel de los supermercados: ¿aliados o afectados?

Las grandes cadenas de distribución, como Mercadona, Carrefour y Lidl, están siendo involucradas en las negociaciones, pero el camino no es sencillo. Estos establecimientos tendrían que asumir inversiones para adaptar sus instalaciones, lo que podría traducirse en un encarecimiento de los productos.

Además, los supermercados no están exentos de críticas. Algunos actores del sector aseguran que el SDDR puede suponer una sobrecarga administrativa. Afectará especialmente a los pequeños comercios, que podrían quedar fuera del sistema por falta de recursos.

Impacto económico y social: ¿quién paga la factura?

El Gobierno argumenta que el SDDR contribuirá a reducir la contaminación plástica y generará empleos relacionados con el reciclaje. Sin embargo, los críticos señalan que el coste inicial del sistema recaería sobre los consumidores y los comercios, al menos en sus primeras etapas.

Por otro lado, la experiencia en otros países muestra que los consumidores no siempre adoptan de forma masiva estos sistemas. Especialmente si perciben que su aportación económica no se traduce en beneficios tangibles. Esto podría derivar en un modelo ineficiente, en lugar de una solución sostenible.

Aunque la intención de reducir los residuos plásticos es necesaria y urgente, el SDDR no está exento de preguntas. ¿Es la medida adecuada para el contexto español? ¿Se han evaluado suficientemente las alternativas, como mejorar el sistema actual de reciclaje? ¿Cuáles serán las consecuencias económicas reales para las familias y empresas?

El plan sigue adelante, pero con un reloj que avanza hacia 2026 y numerosos retos por resolver. Mientras tanto, la clave será garantizar que el esfuerzo no recaiga solo sobre el consumidor y que las soluciones planteadas sean realmente eficaces y sostenibles a largo plazo.